DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
25 DE ABRIL DE 2023
POSICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
La Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs) es un espacio que nuclea a organizaciones de la sociedad civil y la academia, cuyo propósito se orienta a visibilizar, articular y promover los Derechos Humanos de las Infancias y las Adolescencias, desde acciones que contribuyan a su bienestar e inclusión social.
En este sentido, de cara a una nueva conmemoración del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, desde la Plataforma hacemos un llamamiento a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre el maltrato en un sentido amplio, en el entendido que supone un continuo de situaciones violentas, siendo de las expresiones más extremas: el castigo físico y el abuso sexual.
Hoy seguimos asistiendo al fenómeno de la infantilización de la pobreza, perpetuando la realidad de las infancias y las adolescencias como los sectores de la población que concentran las mayores inequidades a nivel país, lo que exige de forma imperiosa la profundización de acciones garantistas de sus cuidados, educación y protección, a fin de promover oportunidades en un marco de compromiso y corresponsabilidad social.
Para ello, se torna necesario visibilizar y reflexionar sobre las violencias presentes en diversos ámbitos donde transita la crianza de niños, niñas y adolescentes, a los efectos de problematizar prácticas naturalizadas que circulan entre lo privado y lo público, en el interjuego de lo familiar, las instituciones, comunidades y las políticas públicas, a fin de construir acuerdos y acciones complementarias protectoras de la continuidad existencial de los sujetos.
El contexto de pandemia por el COVID19 deja en evidencia la exposición de las infancias y adolescencias a diversas vulnerabilidades, que transversalizan todos los extractos sociales, reportándose mayores niveles de emergencia en los quintiles más bajos, dado la insuficiencia de las medidas tomadas para con la población que nos ocupa. El repliegue de las políticas orientadas a la protección social ha suscitado el debilitamiento de las instituciones responsables de promover estrategias que fortalezcan procesos, de cara a un desarrollo humano sostenible para todos y todas.
En la actualidad se requiere de respuestas que atiendan el incremento de la violencia intrafamiliar, que denota entornos de alta complejidad y con múltiples dificultades para acompañar las necesidades e intereses de niños, niñas y adolescentes, en un marco de vínculos estables y confiables. En condiciones más extremas se requiere de la intervención del Estado para dar respuestas que garanticen sus derechos, siendo la institucionalización en Centros de Protección Integral 24 horas el escenario posible. Si bien se atiende las situaciones, la respuesta denota dificultades que se alejan de dicho objetivo, a decir, presencia de formas impersonales de atención, condiciones de repliegue de la vida en la comunidad, alta rotación del personal y condiciones de salud que complejizan la calidad de la atención, retrasos en la judicialización de
los procesos de adopción, que conspiran con la efectivización del derecho a vivir en familia como primera opción a alcanzar en el menor tiempo posible.
En consonancia, en el ámbito educativo el derecho a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades carece de alcance universal, asistiendo a dificultades en la trayectorias educativas trasversalizadas por situaciones de vulneración, discriminación y exclusión a centros educativos de calidad que acompañen la diversidad de necesidades de las infancias y adolescencias. Situación que se torna más compleja para los sujetos en condición de discapacidad, profundizándose las diferencias en diversos ámbitos que relegan el alcance a recursos que atiendan sus prioridades de forma integral, siendo muchas veces víctimas de violencias en sus cuidados y relaciones sociales que limitan sus posibilidades de tránsitos en la sociedad.
A nivel de la salud, los servicios muestran dificultades en dar respuestas a tratamientos que garanticen la atención, a la vez que se visualiza un aumento de la medicalización como forma de respuesta a diversas situaciones, siendo lejana la posibilidad de espacios terapéuticos garantes de procesos reflexivos que nutran la toma de decisiones de adolescentes y familias. Es paradójico que en entidades encargadas del cuidado de la salud de todos, sean escasos o nulos los espacios preparados para favorecer la escucha de malestares, informar y dar respuestas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
En el caso de adolescentes en conflicto con la ley persiste la privación de libertad como primera opción, y son excepcionales las medidas alternativas. Se amplían de esta forma las condiciones de segregación social y la exclusión de formatos socioeducativos de educación y trabajo.
En relación a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, siguen sufriendo vulneración de sus derechos en todos los ámbitos, incluido el familiar, donde en ocasiones son víctimas de un abandono físico y psicológico, con la falta de cuidados adecuados y a veces el aislamiento forzado. El debilitamiento del sistema de cuidado y de apoyos consecuentes a las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, traducidos en políticas públicas y transferencias de recursos para los sectores que más lo necesitan, dejan a este sector
de población en alta vulnerabilidad.
Las distintas formas de violencia en la comunidad, en espacios públicos, en las calles, en el transporte público, es naturalizada perpetuándose conductas discriminatorias, agresivas,
aprendidas y repetidas culturalmente.
Las formas más extremas de violencia, como el homicidio, alcanzan de manera alarmante a la población más joven. Muertes violentas de adolescentes en el marco del mal llamado “ajuste de cuentas”, victimiza doblemente a estas adolescencias cuyas vidas pierden valor para la sociedad
en su conjunto.
La violencia basada en género, atraviesa todas las capas de la sociedad y afecta de manera grave a las infancias y las adolescencias en su derecho a vivir una vida libre de violencias. Este tipo de violencia tiene su expresión más cruda en el seno familiar, y en el fenómeno de la violencia vicaria como su forma más brutal que se ha cobrado la vida de varios niños y niñas entre el 2022
y el año que corre.
Constatamos con preocupación que aún queda mucho por hacer a nivel cultural para desterrar el maltrato y el castigo físico a niños, niñas y
adolescentes como mecanismo tolerado de crianza y puesta de límites.
Por último, la violencia sexual en sus distintas expresiones, crece de
manera alarmante año a año. El abuso sexual en el marco de vínculos familiares y cercanos constituye una de las formas de violencia más sufrida por niños y adolescentes con efectos devastadores para el desarrollo integral. La explotación sexual como otra expresión de violencia
sexual, aún sigue teniendo niveles de tolerancia social altamente preocupantes.
En función de todo lo expuesto, la Plataforma Infancias y Adolescencias se suma en el día de hoy al llamado a la sociedad para PONERLE FRENO A LAS VIOLENCIAS dirigidas a NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Lamentamos profundamente el enorme retroceso para la protección de las infancias y las adolescencias, que supone la votación por parte de la mayoría de diputados y diputadas de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Una ley innecesaria que daña la infancia. Lamentamos profundamente que el Parlamento legisle de espaldas a la opinión de la academia, las organizaciones sociales, las asociaciones profesionales (de médicos, jueces, defensores), organismos internacionales que una y otra vez, advirtieron sobre el grave peligro y desprotección a las infancias que implica dicha ley. Hoy nos encontramos un poco más lejos de lo que estábamos, en materia de protección contra distintas formas de violencias.
Por tanto, entendemos necesario y urgente que la Sociedad en su conjunto asuma que la protección de nuestra Niñez y Adolescencia contra todo tipo de violencias es una prioridad absoluta, siendo responsabilidad del Gobierno y del Parlamento encontrar los recursos necesarios para implementar y/o reforzar las políticas de prevención y tratamiento, con el objetivo de poner un freno a la violencia.