Grupo de trabajo sobre Educación Inclusiva en Uruguay (GT-EI)
Declaración de Principios
La presente Declaración de Principios contiene los acuerdos básicos y fundamentos generales a los que adhieren las instituciones y organizaciones de la sociedad civil miembros, en su propósito de incidencia en la promoción y defensa del derecho humano a la educación inclusiva para todas las personas y, en particular, para las personas con discapacidad en Uruguay con base en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 18.418).
Acuerdos y Fundamentos de las instituciones y organizaciones firmantes:
Adoptamos como punto de partida que “déficit”, “deficiencia” y “discapacidad” no son sinónimos. Entendemos que la discapacidad es el efecto resultante que se produce cuando la sociedad impone restricciones y deniega participación, por no estar diseñada y funcionando con las adaptaciones necesarias y adecuadas para permitir y valorar la participación de las personas consideradas con algún déficit, en igualdad de derechos con los demás.
Reconocemos que el grupo de personas con discapacidad es un grupo diverso y nos comprometemos a aunar esfuerzos por generar cambios sociales para todas las personas que viven situaciones de discriminación por motivos de discapacidad.
Sostenemos que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen el derecho humano a asistir a centros educativos comunes públicos, privados, formales y no formales durante toda su trayectoria educativa a saber: educación inicial, primaria, secundaria, técnica y terciaria; derecho que se encuentra
reconocido en el art. 24 y art.19(c) de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la cual Uruguay es Estado parte, así como también en el art. 40 de la Ley 18651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad.
Asimismo, reconocemos el derecho de las personas con discapacidad a que se les garantice su derecho al trabajo y empleo abierto así como también su derecho a ser incluido plenamente en la comunidad a la que pertenecen en condiciones de igualdad y no discriminación y, que la negación o restricción de este derecho, implica “discriminación por motivos de discapacidad” y conlleva negar, restringir o desconocer el resto de los derechos reflejados en la Convención.
Trabajamos para que todo el sistema educativo público y privado de Uruguay sea inclusivo. Un sistema educativo es inclusivo cuando valora y celebra la diversidad del alumnado, contempla sus necesidades y características individuales, promoviendo el desarrollo pleno del potencial humano y sus capacidades así como garantizando su
dignidad humana a fin de asegurar su inclusión y participación social en condiciones de igualdad y no discriminación.
Sostenemos que el sistema educativo público y privado, debe realizar profundos cambios a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en todos los niveles. Con este fin, deberá eliminar, entre otros, los obstáculos y barreras que impiden la participación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema educativo común, generando políticas inclusivas quegaranticen la equiparación de oportunidades para que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, puedan desarrollarse en un ámbito común
Rechazamos de pleno los argumentos del sistema educativo formal y no formal, que fundamentan la necesidad de sostener el modelo segregativo de educación ya que están basados en modelos de discapacidad superados. Argumentos que refieren a “según el tipo de discapacidad” o “el grado de la misma”, actúan contrarios al derecho
e impidiendo su pleno goce
Reafirmamos la necesidad de que se adecuen las políticas públicas a efectos de garantizar el derecho a la inclusión en el ámbito educativo en el marco de la Ley Nacional de Educación (18437) y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la Personas con Discapacidad. Remarcamos que el sistema educativo uruguayo debe revisar sus políticas generales a fin de garantizar, entre otras medidas, metodologías de enseñanza, recursos y planes pedagógicos que potencien las capacidades del alumnado contemplando las características individuales y
estableciendo criterios de evaluación y acreditación que respondan a los mismos.
Sostenemos que todas las personas, en especial las personas con discapacidad tienen derecho a contar con los apoyos que necesiten para participar con equiparación de oportunidades en centros educativos comunes, y que estos apoyos deben asegurarse teniendo en cuenta las características individuales de las personas en su interacción con el contexto educativo y social.
Afirmamos que la inclusión efectiva de todas las personas con discapacidad en el sistema educativo común público y privado, formal y no formal trae importantes para toda la comunidad educativa, y fomenta la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en su ciclo de vida.
Las instituciones y organizaciones frmantes de esta Declaración de Principios trabajamos para promover el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Queremos que el derecho sea un hecho.
Organizaciones e instituciones firmantes:
Amnistía Internacional Uruguay – AIU
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública – CAinfo
Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay – CDNU
Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI – Uruguay
Federación Autismo Uruguay – FAU
Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad
Intelectual – FUAP
Infancia Adolescencia Ciudadana – IACI
Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo – iiDi
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay – UNCU
Pueden descargar el documento en el siguiente link: Declaración de Principios_ GT-EI Marzo 2015